Mientras que en la Plaza de Bolívar el presidente de la República, Gustavo Petro, sancionaba la ley de la reforma pensional ante miles de personas, en especial ancianos, desde las filas de la oposición se hablaba de la inconstitucionalidad de la misma y las demandas que se radicarán.
En primer lugar, lo hizo el partido Centro Democrático que, tanto en declaración oficial como de varios de sus senadores, anticiparon que ante la Corte Constitucional llevarán las demandas a dicha ley, entre otras razones porque tuvo graves vicios que se presentaron en su trámite legislativo, en particular en la plenaria de la Cámara de Representantes.
El director del Centro Democrático, Jaime Vallejo Chujfi, señaló que la reclamación se sustentará en que la misma contraviene varios preceptos constitucionales y legales, entre ellos, el debido proceso legislativo, puesto que fue aprobada de manera ligera, irresponsable y sin el necesario debate democrático.
En ese sentido Vallejo recordó que “fue aprobada sin la adecuada deliberación y participación de todos los miembros del Congreso, incluyendo a los representantes de la oposición. Se destaca que numerosos artículos fueron votados en bloque sin discusión alguna, lo cual viola el debido proceso Legislativo, además que se violó el principio de Deliberación Democrática”.
Un aspecto más que tendrá la demanda uribista a la reforma pensional es la insostenibilidad fiscal y afectación a derechos pensionales, “la implementación de la Ley podría tener efectos irremediables en el sistema pensional colombiano y la sostenibilidad fiscal del país. La acción de inconstitucionalidad solicita medidas excepcionales para suspender provisionalmente la ley y evitar daños mayores. La reforma vulnera de manera flagrante los derechos fundamentales de millones de colombianos y causaría un perjuicio irremediable al país debido a una reforma que adoleció de un debate riguroso y amplio”.
La senadora Paloma Valencia, indicó además que es inconstitucional el régimen pensional especial para pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y campesinos, “a pesar de la prohibición expresa establecida en la Constitución. Esto implica que el gobierno definirá discrecionalmente las condiciones de jubilación (edad y semanas) del 41% de la población colombiana”.
Desde las filas de Cambio Radical, el senador Carlos Fernando Motoa, sostuvo que la reforma además de ser inconstitucional es inconveniente. “No corrige los problemas de acceso y cobertura; no soluciona la informalidad laboral; no tiene en cuenta la inversión de la pirámide demográfica, cada vez nacen menos colombianos. La tasa de natalidad en el año 1994 era de 25.5%, en el 2021 pasó del 14.2% ¿quién va a cotizar las pensiones en el futuro? Pone en riesgo esa condición para los jóvenes de hoy”, explicó Motoa.
Motoa sostiene que “hoy una cuarta parte del presupuesto nacional se va en el pago de pensiones, si estos regímenes no se modifican en el futuro será mucho más”. Finalmente sostiene que es inconstitucional porque en el debate de las diferentes comisiones y plenarias, no se dio la oportunidad de sustentar las diversas proposiciones radicadas por los congresistas tanto en Senado como en Cámara”. COLPRENSA
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