MinHacienda enviará Reforma Tributaria al Congreso en julio
- Acta Diurna
- 21 jun
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Durante su intervención ante la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, expuso los fundamentos fiscales del Gobierno Nacional, justificó la activación de la cláusula de escape contemplada en la Ley 2155 de 2021, y confirmó que en la próxima legislatura se presentará una reforma tributaria estructural con impacto desde 2026.
“El Marco Fiscal de Mediano Plazo fue aprobado por el Confis y el Compes, y radicado en el Congreso la semana pasada. Tiene como propósito enfrentar una coyuntura fiscal compleja en el marco de una economía que muestra indicadores macroeconómicos favorables”, explicó Ávila. Mencionó que el crecimiento económico proyectado para 2025 se ubica entre 2,5% y 2,7%, con una inflación promedio esperada de 4,5%, en camino hacia la meta del 3%.
El viceministro indicó que la tasa de desempleo se ha reducido al 8,8%, y que la tasa de interés real se mantiene alta frente a la tasa neutral, lo cual representa una oportunidad para seguir reduciendo el costo del crédito. “Este es un factor determinante para asegurar el crecimiento económico que a su vez nos va a permitir un manejo más adecuado del problema fiscal”, dijo.
No obstante, precisó que el país enfrenta una presión fiscal acumulada que no puede ser atendida en una sola vigencia sin comprometer la estabilidad macroeconómica. Por eso, el Gobierno optó por activar la cláusula de escape. “Lo que hay que tener presente es que esta es una medida temporal permitida por la ley y que básicamente está sustentada en garantizar que no vamos a hacer una contracción de la economía”, señaló.
Según Ávila, la activación de esta cláusula permitirá una desviación controlada de las metas fiscales por un período de tres años, con un plan de retorno y monitoreo. Aseguró que esta decisión se tomó en un contexto en el cual el gasto primario del Gobierno no ha aumentado significativamente en términos reales. “Entre 2023 y 2026, el gasto primario pasó de $345 billones a $356 billones a precios constantes, cifras inferiores a las de 2020 y 2021”, detalló.
El jefe de la cartera económica, expuso tres factores como principales causas del deterioro fiscal: el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), los subsidios a energía y gas, y la deuda derivada de la Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sobre el FEPC, explicó que entre 2022 y 2025 se ha generado un gasto acumulado de $79 billones, equivalente a cinco reformas tributarias. “Este gasto antes era registrado como pasivo, pero desde 2022 se contabiliza como gasto fiscal y ha impactado el déficit”, explicó.
En cuanto a los subsidios energéticos, dijo que el gasto anual promedio ha sido de $5 billones, acumulando cerca de $18 billones en cuatro años. Sobre la deuda con el FMI, indicó que los pagos de capital y servicio de la línea de crédito adquirida en pandemia suman $22,9 billones, de los cuales $11 billones se pagaron en 2024 y $11,5 billones en 2025.
“Estos tres elementos sumarían un esfuerzo fiscal de cerca de $120 billones”, afirmó.
Ávila también anunció que Colombia fue aceptada como miembro del Nuevo Banco de Desarrollo del grupo BRICS, lo cual ofrecería nuevas alternativas de financiamiento similares a las que se tienen con el FMI. “Esto nos abre una fuente alternativa también de financiación de recursos”, dijo.
Ávila explicó que el 86% del gasto total previsto para 2025 es inflexible. “El Gobierno no puede modificar el sistema general de participaciones ni el sistema pensional”, aclaró. Las transferencias sociales y el funcionamiento mínimo del Estado concentran la mayoría del gasto, mientras que las vigencias futuras comprometen $66,7 billones entre 2023 y 2026.
En cuanto a los ingresos, dijo que se revisó a la baja la proyección tributaria de la DIAN en $18,5 billones para 2025, tras constatar una sobreestimación previa. A pesar de que el decreto de autorretenciones generará ingresos adicionales por cerca de $7 billones, la reducción neta obligó a ajustar la planeación fiscal.
Adicionalmente, el Gobierno estima una presión de gasto adicional de $20 billones para el mismo año, lo que lleva a un desbalance fiscal de $38 billones. “Esto nos lleva a estimar un déficit del 7,1% del PIB para 2025”, dijo.
El Gobierno proyecta una reforma tributaria que recupere un punto del PIB en ingresos a partir de 2026 y 1,4 puntos del PIB en promedio entre 2027 y 2036. Ávila planteó la necesidad de un pacto fiscal que cuente con respaldo político y social. “No se trata de resolver el problema coyuntural del gobierno, sino de construir una perspectiva de mediano plazo”, dijo.
Explicó que el gasto tributario asciende a $135 billones. De ese total, $88,5 billones corresponden a IVA y $46,8 billones al impuesto de renta. En el caso del IVA, el gasto tributario aumentó de 5,3% del PIB en 2022 a 5,6% en 2023. “El costo fiscal por no gravar con la tarifa general del 19% alcanzó el 4,3% del PIB en 2023”, explicó.
Ávila sugirió que la reforma podría incluir una revisión del impuesto de renta a personas naturales y, como medida de estímulo, la reducción en algunos tramos del impuesto a personas jurídicas. También se estudian impuestos a actividades con externalidades negativas como juegos en línea, uso de plaguicidas, emisión de ruido y vapeadores.
El ministro anticipó que el Presupuesto General de la Nación para 2026 tendrá un crecimiento del gasto por debajo del ingreso tributario, y priorizará la inversión. También anunció una revisión del gasto público. “Vamos a presentar varias iniciativas en ese sentido”, señaló.
En ese contexto, expresó preocupación por la acumulación de recursos en fiducias asociados a proyectos sin ejecución. “Hoy existen cerca de $13 billones depositados en el sistema fiduciario, de los cuales cerca de $9 billones están asociados a proyectos de inversión estancados”, dijo. Como ejemplo mencionó la vía Mulaló–Loboguerrero, que tiene $2,2 billones sin ejecutar desde hace siete años.
Finalmente, Ávila explicó que el Gobierno presentará en julio la propuesta de reforma tributaria y una estrategia complementaria de reforma del gasto, incluyendo ajustes a la Ley de Competencias para acompasar el crecimiento del Sistema General de Participaciones con las responsabilidades de los entes territoriales.
“La sostenibilidad de las finanzas públicas requiere un ajuste estructural. Para ello se necesita crecimiento económico, eficiencia en el gasto y recuperación de ingresos”, concluyó. DATAIFX
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