Con la solicitud de captura y la posterior orden de reclusión en la cárcel La Picota del senador del Partido de La U, Eduardo Pulgar por el presunto intento de soborno a un juez para que fallara en favor de un grupo de directivos de la Universidad Metropolitana de Barranquilla quienes pretendían el control de la institución educativa, se puso fin a dos décadas en las que el político de la costa Caribe logró hacerle el quite a la justicia.
En varias decisiones de los organismos de control y la Fiscalía Eduardo Pulgar logró salir invicto a pesar de los cuestionamientos y material probatorio.
Es así como a pesar de que el 26 de enero de 2012 el Consejo de Estado dejó en firme un fallo de segunda instancia de la Procuraduría General de la Nación que en el año 2007 lo condenó, destituyó e inhabilitó por 18 años para ejercer funciones públicas, este posteriormente fue revocado por el entonces Procurador Alejandro Ordóñez en vísperas de su reelección al cargo muy a pesar de que el órgano de cierre de lo contencioso administrativo es el Consejo de Estado.
Y es que como pocas veces sucede, el Ministerio Público revocó el fallo que la misma institución había proferido. Esto se generó antes de que que el Consejo de Estado confirmara que la decisión que había tomado el procurador Edgardo Maya en contra del entonces concejal Pulgar, si estaba ajustada a la ley.
Así las cosas, la decisión tomada por Alejandro Ordoñez, en plena campaña a su reelección en la Procuraduría, resucitó políticamente a Pulgar, lo que permitió que el político barranquillero proyectara su carrera política en el Senado de la República reemplazando en la curul a quien entonces era su esposa, Karime Motta.
De hecho, desde 2014, inició sus actividades como congresista, logrando su curul en dos periodos consecutivos hasta su captura el pasado primero de diciembre, acorralado por las investigaciones del periodista Daniel Coronell.
Lo cierto es que en su momento, la entidad disciplinaria encontró que Eduardo Pulgar Daza en su calidad de concejal de Barranquilla suscribió juntó con otros concejales las resoluciones 031, 032, 033 bis y 036 del 3 de marzo de 2000, así como la 053, 057, 057 del 7 de abril de ese año designando a unos supuestos empleados en el Concejo de esa ciudad.
Sin embargo, el 8 de octubre de 2002 un abogado y otras 34 personas que él representaba presentaron una acción de tutela en contra de la alcaldía de Barranquilla, porque según ellos siendo trabajadores del Concejo no se les habían pagado el sueldo.
Dos semanas después el juzgado Quinto Penal de Barranquilla falló en favor de los supuestos ex trabajadores. “Se dispuso, a través de la Fiduciaria La Previsora, situar en la cuenta corriente del abogado Montealegre Ortiz (representante de los ex trabajadores) la suma de $1.607 millones, lo cual se hizo efectivo al día siguiente”, se afirma en una de las actuaciones de dicho proceso.
Ese mismo apoderado judicial presentó otra acción de tutela en representación de otros cien presuntos funcionarios para obtener el pago de los supuestos salarios. Esta tutela la conoció también el mismo Juzgado Quinto Penal Municipal de Barranquilla que en noviembre de 2002 que ordenó el pago de $5.227 millones.
No obstante, cuando la Procuraduría inició la investigación encontró que en las carpetas archivadoras del Concejo no aparecieron los actos administrativos mediante los cuales Pulgar y otros concejales firmaron las resoluciones con las cuales nombraron a los presuntos funcionarios de la corporación que aunque no trabajaron si tutelaron para lograr el pago.
En el pliego de cargos de la Procuraduría se advirtió, “toda la reconstrucción de los hechos que se hizo en procedencia, que se inicia con la falsificación de los actos administrativos de nombramiento de insubsistente y liquidación, así como las actas de posesión, constituyen la maniobra a través de la cual aparentemente se engaña a los jueces de tutela”.
La decisión de la entidad planteó que el concejal Pulgar Daza había incurrido en falsedad ideológica y material en documento público, falsedad en documento privado, uso de documento falso, peculado por apropiación y fraude procesal. También se advirtió que el entonces concejal incurrió en maniobras defraudarorias de los dineros distritales.
En el fallo de la Procuraduría se estableció que se adulteraron las actas de posesión de los supuestos trabajadores, esto se probó gracias a la prueba forense que realizó un grafólogo. Finalmente se indicó que se incurrió en el delito de falsedad en documento privado porque la mayoría de poderes que presentó el abogado Javier Montealegre Ortiz con los que interpuso las acciones de tutela eran falsos.
Con esto se constituyó otro delito, el de peculado porque a través de estas maniobras de nombramiento, posesión, declaración de insubsistencia y posteriores acciones ante la justicia de ex trabajadores del Concejo inexistentes se apropiaron de más de $6.000 millones de la época.
Antes que el proceso llegara al alto tribunal Pulgar, quien se desempeñaba como concejal de Barranquilla, interpuso una acción de tutela ante el Consejo Superior de la Judicatura que falló a su favor y ordenó la suspensión del fallo del Ministerio Público argumentado violación del debido proceso.
Sin embargo, la Corte Constitucional en el año 2009 revocó la sentencia del Consejo Superior de la Judicatura e indicó que no se evidenciaba un perjuicio irremediable como advertía Pulgar Daza. Por lo tanto la acción de tutela no era ni debía ser el medio de defensa para debatir el fallo de la Procuraduría.
Por estos mismos hechos la Contraloría Distrital de Barranquilla le abrió un proceso de responsabilidad fiscal que luego archivó. Así mismo la Fiscalía, a través del fiscal 30 delegado de la Seccional de Barranquilla decidió no vincular al político.
Posteriormente, el fiscal 21 delegado ante los jueces del circuito de Bogotá dispuso oír en indagatoria a varias personas entre ellas a Eduardo Pulgar, sin embargo a través de resolución del 21 de julio de 2006 decidió no imponer medida de aseguramiento.
Las vueltas del poderoso senador Eduardo Pulgar, no le alcanzaron para hacerle el quite a la Corte Suprema de Justicia que lo envió a prisión y ahora lo procesa. Un caso que por el contrario crece por la reciente captura de dos jueces y un fiscal en un expediente que también salpica al excongresista y sus actividades en la Universidad Metropolitana de Barranquilla.
Ahora en la cárcel La Picota, con nuevas movidas jurídicas, buscando detención domiciliaria y argumentando razones de salud, que le fue negada por la justicia, Pulgar insiste en su inocencia y no quiere cerrar dos décadas de cuestionamientos que lo convirtieron en uno de los políticos intocables de la Costa Atlántica. API