La última comandancia de la extinta guerrilla de las Farc presentó un recurso de nulidad en contra de la decisión que en abril ratificó la imputación por esclavitud como un crimen de guerra cometido por la antigua guerrilla durante el conflicto armado. La imputación llegó en el macrocaso 01, que investiga secuestros.
De acuerdo con la Jurisdicción, el entonces grupo subversivo cometió varios crímenes conectados con sus retenciones, como tomas de rehenes, graves privaciones de la libertad, tortura o, precisamente, esclavitud. El exsecretariado de las Farc ha aceptado su responsabilidad, pero ha insistido en que no participó en esclavitud.
El juicio contra los últimos comandantes es el más adelantado en la Jurisdicción. De hecho, prometía ser uno de los primeros en llegar a una sentencia en la justicia transicional tras más de siete años. En el transcurso del proceso, en abril el Tribunal para la Paz ratificó que uno de los crímenes por los que habrá juzgamiento es secuestro.
Pero, así como la JEP ratificó que ese crimen existió, el exsecretariado insistió en que no. Por eso elevó un recurso de nulidad para pedirle a la Sección con Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz que tumbe su determinación. En caso de negarlo, con una reposición los excombatientes solicitaron que la Sección modifique su criterio
Las solicitudes de los excomandantes fueron veinte. Entre ellas, la excúpula pidió una única resolución de conclusiones, es decir, un solo documento que recoja los crímenes imputados y las propuestas de sanciones. Además, aducen que la Sala de Reconocimiento, la que imputó, no diferenció entre crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Frente a la esclavitud, su petición es que se anule. Según su criterio, ese crimen nunca existió y la Jurisdicción no llegó a pruebas contundentes sobre ello, aunque sí existieron trabajos forzados. “La organización en su conjunto jamás buscó cosificar a las personas” ni ejercer propiedad sobre ellas, expuso el documento de nulidad.
“Por el contrario, los hechos correspondieron a las dinámicas territoriales, acordadas con las comunidades, donde los trabajos se impusieron como castigos, tal como señaló la magistratura”, aseveró el exsecretariado, aunque admitió un “trato indigno” contra la humanidad de sus víctimas “que constituyó un trabajo forzado”, no esclavitud.
La postura de la JEP ha sido distinta, y ahora entrará en un nuevo enredo jurídico. A finales de abril, el Tribunal para la Paz ratificó la imputación que la Sala de Reconocimiento de Verdad hizo contra el antiguo secretariado. La Sala determinó los patrones derivados de los secuestros que las Farc adelantaron entre los noventa y principios de los 2000.
Justificación de las extintas Farc
De acuerdo con la Sala, y con lo que los últimos jefes de las Farc reconocieron en mayo de 2022, la política de secuestros que se estableció en sus filas tuvo principalmente tres fines: financiación de la organización, canje por guerrilleros presos y control territorial. Cada secuestro, según su objetivo, tenía ciertos aspectos distintos, mas ciertos patrones fueron representativos para revisar la magnitud del fenómeno.
La JEP, en ese sentido, partió de la base de que la estrategia de secuestros ejecutada por las antiguas Farc debe entenderse como un crimen de lesa humanidad, dado que se convirtió en un ataque sistemático dirigido a la población civil a partir de una política establecida por las jefaturas de la organización. A partir de allí, fueron varios los crímenes de guerra y de lesa humanidad derivados de los plagios, ha sostenido la Jurisdicción.
Por ejemplo, tomas de rehenes, homicidios, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas o, precisamente, esclavitud. “Los trabajos forzados impuestos por los miembros de las antiguas Farc-EP se caracterizaron por la imposibilidad de las víctimas de cambiar su condición por la coerción, el temor, las amenazas y las restricciones físicas a su libertad individual”, explicó entonces el Tribunal.
Rodrigo Londoño, el último comandante de la extinta guerrillerada, fue el primero en rechazar tajantemente que, junto a los seis excombatientes más influyentes de lo que alguna vez fue el grupo armado, fuesen señalados de liderar una agrupación “esclavista”. En noviembre de 2021 publicó un video en el que se desmarcaba de la calificación jurídica y anunciaba acciones jurídicas que, finalmente, no prosperaron.
Los relatos de las víctimas fueron clave. Como recoge la Sección con Ausencia de Reconocimiento del Tribunal en el auto de 235 páginas que ratifica la imputación por esclavitud, y como había contrastado la Sala de Reconocimiento con el liderazgo de la magistrada Julieta Lemaitre, las víctimas narraron cómo fueron forzadas a tomar varias horas de trabajos que eran formas de castigo, control territorial o favorecimiento a las entonces Farc.
Partiendo de hechos considerados por la JEP como ilustrativos —pues la Jurisdicción no juzga todos los casos de crímenes, sino que determina patrones a partir de episodios representativos—, la Sección precisó que “los trabajos forzados impuestos a las víctimas no fueron consentidos”, sino que “se caracterizaron por el control y abuso como medio para el desarrollo de los trabajos”.
Las intimidaciones para los trabajos que la justicia transicional llama esclavitud llegaron a “las amenazas de muerte o peligro para la integridad en el caso de no realizar los trabajos”, así como malos tratos “como consecuencia de la falta de capacidad de pago de las víctimas”, detalló el Tribunal, que agregó que las víctimas sufrieron “pérdida de bienes y proyectos de vida, así como de relaciones humanas”.
El contexto en el que llega la ratificación de la imputación es relevante, pues refleja el crecimiento de las tensiones que el antiguo secretariado ha protagonizado por la JEP fuera de lo meramente jurídico. Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo, Pablo Catatumbo y Rodrigo Granda, integrantes de esa última cúpula de la guerrilla, han expresado serios reparos a la labor de la Jurisdicción.
Los choques encontraron un pico en febrero de este año, cuando los exguerrilleros le enviaron una carta al presidente Gustavo Petro alegando una supuesta inestabilidad jurídica de la JEP, frente a la que llevan una suerte de campaña para anunciar un “descarrilamiento”. El número de amnistías, las decisiones frente a qué incluir o no en los macrocasos y la adopción de un enfoque que sienten meramente penal son algunas de sus inquietudes.
Sin embargo, la respuesta de la Jurisdicción fue igual de contundente: “La Jurisdicción reitera a los firmantes de paz que se sometieron ante este tribunal que no les corresponde emitir órdenes ni orientaciones acerca de la manera como la magistratura debe cumplir con su mandato constitucional”, señaló el presidente de la JEP, el magistrado Roberto Vidal, en febrero de este año, luego de la misiva de los exFarc. COLPRENSA
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