El papel de las redes sociales en la política colombiana
Por: Nerio Luis Mejía
De no haber existido estas nuevas formas de intercomunicación, de seguro no habría sido posible la existencia de este escrito. La aparición de las redes sociales no solo revolucionó las comunicaciones; transformó de fondo la estructura de nuestra sociedad. Desde el cultivo de amistades a distancia y el intercambio de ideas, hasta la integración cultural y la dinamización de la economía regional, estas plataformas lograron acortar la histórica brecha que separa a los centros urbanos desarrollados de las regiones históricamente olvidadas.
Sin embargo, esta herramienta de doble filo también trajo sombras profundas. En las zonas más vulnerables de Colombia, las estructuras del crimen organizado han encontrado en estas plataformas un canal eficaz para el reclutamiento de jóvenes y la difusión de propaganda, convirtiéndolas en un peligro latente para la seguridad nacional. Por otro lado, en la arena política, las redes se transformaron en la plaza pública donde la ciudadanía finalmente pudo fiscalizar y enterarse de las acciones, abusos y escándalos de la clase dirigente.
Es tal el poder de fiscalización y convocatoria que han alcanzado, que desde hace tiempo circulan intenciones en diversos sectores políticos por regular su uso. Esta iniciativa es leída por gran parte de la sociedad como una forma velada de censura y un intento por restringir el derecho fundamental a estar informados.
Las redes sociales no son buenas ni malas por definición; su impacto depende exclusivamente del uso que les demos. Hoy, cuando muchos pensaban que la turbulencia electoral había cesado tras la posesión de un nuevo gobierno y la asunción de las derrotas, la realidad demuestra lo contrario. El país parece incendiarse a diario: mientras el gobierno entrante denuncia las irregularidades y escándalos dejados por la administración saliente, la contraparte se defiende con vehemencia. En este escenario, la política y las plataformas digitales se combinan para generar una espiral de confrontaciones que devora el debate público.
Años atrás, la contienda política concluía el día en que se daban a conocer los resultados electorales. Hoy no. Las redes sociales se han transformado en una trinchera permanente desde donde los usuarios disparan descalificaciones sin medir las consecuencias, profundizando la polarización de nuestra nación.
Pero Colombia somos todos; el país no se reduce a Petro ni a De la Espriella. Nos necesitamos mutuamente para construir, si no una sociedad perfecta, al menos una nación fundada en el respeto recíproco, donde las ideas de todos tengan cabida y donde la Constitución y la ley sean el marco infranqueable que regule nuestras diferencias. Nadie debe actuar por fuera del orden constitucional. En él están consagrados nuestros derechos y deberes: el derecho a la vida, a la protesta, a la diversidad y a la libre expresión. No tenemos por qué inventar fórmulas extremas que fracturen aún más a nuestra sufrida sociedad.
El país requiere del esfuerzo conjunto de los campesinos, los profesionales, los transportadores, los comerciantes y los industriales para poner en marcha la patria con la que todos soñamos. Que las redes sociales no sigan siendo el cañón desde donde se dispara odio y rencor; que sean, en cambio, los canales por donde transite la sana convivencia y la reconciliación que tanto nos hace falta.
Las redes deben seguir aportando a la construcción de lazos comunitarios, al fortalecimiento de las relaciones humanas y al descubrimiento de los rincones más hermosos de nuestra geografía que antes permanecían ocultos. Hagamos un buen uso de ellas: rechacemos la censura que algunos pretenden imponer, cerrémosle el paso al crimen organizado que busca instrumentalizarlas, y ejerzamos el derecho a que los campesinos y las comunidades rurales sigamos construyendo memoria a través del compartir de nuestros saberes.
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