El engañoso argumento del alivio tributario a las grandes fortunas
- Acta Diurna
- 12 ago
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El reciente anuncio del presidente Abelardo De la Esperiella de eliminar de forma permanente el impuesto al patrimonio ha sido presentado como un choque de confianza destinado a reactivar el aparato productivo nacional. Bajo el relato gubernamental, la supresión de este tributo directo sobre los activos netos de los contribuyentes de mayores ingresos liberará una masa crítica de capitales que, por un supuesto efecto de derrame, se canalizará de inmediato hacia la inversión productiva, acelerando el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), impulsando la contratación masiva de mano de obra y contribuyendo a estabilizar el nivel general de precios.
Sin embargo, desde una perspectiva seria y rigurosa, este argumento adolece de profundas inconsistencias teóricas y empíricas. La eliminación del impuesto al patrimonio no solo fallará en alcanzar los objetivos de PIB, empleo e inflación anunciados, sino que provocará un deterioro severo en la sostenibilidad fiscal del Estado, forzando un endeudamiento más costoso o una redistribución regresiva de la carga tributaria sobre las clases medias y trabajadoras.
El PIB: la ilusión de la oferta frente a la realidad del consumo y la inversión
El dogma de la economía de la oferta postula -al asimilar el patrimonio con el capital- que gravar la acumulación de capital desincentiva la inversión y distorsiona las decisiones de ahorro. Según esta doctrina, al retirar la carga del impuesto al patrimonio, los poseedores del gran capital reinvertirán su excedente en proyectos productivos. Esta premisa comete un error diagnóstico fundamental sobre la propensión marginal a consumir y los canales de transmisión del capital.
Propensión Marginal al Consumo (PMC) vs. Propensión Marginal al Ahorro (PMA)
La ciencia económica ha demostrado de manera persistente que la propensión marginal al consumo (PMC) es inversamente proporcional al nivel de riqueza de los hogares. Los contribuyentes sujetos al impuesto al patrimonio exhiben una PMC cercana a cero sobre sus flujos marginales de liquidez y una propensión marginal a ahorrar (PMA) sumamente elevada.
Por consiguiente, el dinero que el Estado deja de recaudar no se vuelca al mercado interno en forma de demanda de bienes de consumo ni de formación bruta de capital fijo local. En su lugar, el excedente patrimonial liberado busca maximizar su rendimiento en portafolios de renta fija y variable internacional, inmuebles de alto valor especulativo no productivo, cuentas y estructuras financieras offshore, o mecanismos de recompras de acciones para elevar artificialmente el valor bursátil sin expandir la capacidad instalada.
El multiplicador fiscal desbalanceado
El PIB se calcula por el lado del gasto como Y = C + I + G + (X - M). Cuando el gobierno elimina el impuesto al patrimonio, la inversión privada (I) de las grandes fortunas apenas experimenta una variación marginal, dado que la inversión real responde a expectativas de ventas futuras y no a la liquidez en las cuentas personales de los socios.
En contraste, la reducción del recaudo disminuye directamente los ingresos corrientes del Estado. Si el gobierno opta por ajustar el gasto público (G) mediante la paralización de obras de infraestructura, ciencia, salud o educación, el multiplicador fiscal negativo de esa austeridad (que suele oscilar entre 1.0 y 1.5 en economías en desarrollo) supera con creces el modesto o nulo multiplicador de la exención tributaria a los superricos. La consecuencia matemática final sobre la trayectoria del PIB es nula o recesiva.
El mito de la generación de empleo: La demanda efectiva de Keynes y Kalecki
La narrativa del nuevo gobierno asume que reducir los impuestos personales de los propietarios de capital se traduce de forma casi lineal en la creación de nuevos puestos de trabajo. Este planteamiento incurre en una confusión microeconómica entre la riqueza personal del empresario y la función de producción de la empresa.
El principio de la demanda efectiva
Las decisiones de contratación en las empresas no están restringidas por la riqueza acumulada en el balance personal de sus accionistas mayores, sino por el principio de la demanda efectiva. Una firma no contrata ingenieros, operarios o vendedores adicionales simplemente porque su propietario pague menos impuestos sobre sus mansiones, acciones o saldos bancarios. Una empresa expande su plantilla únicamente cuando enfrenta un incremento sostenido en los pedidos de sus productos o en la demanda de sus servicios.
La asimetría del flujo circular de la renta
Al desfinanciar las arcas públicas mediante la abolición del tributo patrimonial, el Estado pierde margen de maniobra para ejecutar programas de inversión social y obras públicas que generan empleo directo e indirecto en la base de la pirámide social. Los estratos bajos y medios, que poseen una PMC cercana a 1 (gastan la totalidad de sus ingresos en subsistencia, transporte, vestuario y vivienda), ven reducido su poder adquisitivo real.
Al debilitarse el consumo de las familias de ingresos medios y bajos, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) —que representan la inmensa mayoría del tejido empresarial y del empleo contratado— observan una caída en sus ventas. Ante un mercado interno contraído, las PyMEs congelan la contratación e incluso inician procesos de reestructuración y despidos. Así, la exención fiscal a las grandes fortunas termina destruyendo empleo en la economía real al ahogar la demanda de la que dependen las PyMEs.
Eliminar el impuesto al patrimonio no baja los precios
Esta medida tampoco servirá para contener la inflación, pues resulta conceptualmente erróneo dentro de la teoría de formación de precios y la dinámica monetaria.
Impuestos directos vs. impuestos indirectos en la estructura de costos
La inflación se produce por presiones de demanda sobre una oferta rígida o por impulsos en la estructura de costos de producción (costos de materias primas, energía, fletes, salarios). El impuesto al patrimonio es un gravamen directo a la propiedad neta de las personas naturales; no constituye un costo marginal de producción ni un impuesto indirecto sobre las ventas (como el IVA o los aranceles). Por lo tanto:
Su presencia no incrementa el precio de la leche, el transporte público o los arriendos.
Su eliminación no reduce en un solo centavo los costos operativos de las cadenas de producción de bienes básicos.
Deterioro fiscal, riesgo país y presión cambiaria
Lejos de bajar la inflación, la eliminación irresponsable del impuesto al patrimonio puede desencadenar presiones inflacionarias:
Ampliación del déficit fiscal: La abrupta caída de los ingresos tributarios deteriora la posición financiera del Gobierno Central.
Mayor prima de riesgo y devaluación: Para financiar el déficit, el Estado debe emitir más deuda soberana. Los mercados internacionales exigen tasas de interés más altas para absorber esa deuda y perciben un mayor riesgo fiscal, lo que genera fugas de capitales y depreciación de la moneda local.
Inflación importada: La depreciación del tipo de cambio encarece de inmediato los insumos importados, la maquinaria y los alimentos de la canasta básica, trasladando la brecha fiscal a los precios finales que paga el consumidor.
Dominancia fiscal y rigidez monetaria: El Banco Central se ve imposibilitado para bajar las tasas de interés de referencia debido al descalabro de las cuentas públicas, manteniendo el crédito costoso para las familias y la industria local.
La evidencia empírica global
Frente a las especulaciones teóricas, la ciencia económica ha evaluado el impacto real de los recortes de impuestos a las capas más acaudaladas de la sociedad. El marco de referencia analítico más exhaustivo sobre esta materia fue desarrollado por los investigadores David Hope y Julian Limberg (2020) en su estudio "The Economic Consequences of Major Tax Cuts for the Rich", publicado por el International Inequalities Institute de la London School of Economics (LSE).
En el estudio los autores analizaron datos longitudinales de 18 países miembros de la OCDE (incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Australia y países nórdicos) durante un período de 50 años (1965-2015). Para evitar sesgos y medir relaciones causales estrictas (y no simples correlaciones), los autores desarrollaron un índice latente bayesiano abarcador sobre la fiscalidad a los ricos, que combina 7 indicadores clave: tasa superior del impuesto de renta personal, tasa efectiva sobre el 1% de mayores ingresos, tasa sobre dividendos, impuesto corporativo, tasa efectiva sobre el capital, impuesto a las sucesiones/herencias y recaudo de impuestos sobre la propiedad y el patrimonio neto como porcentaje del PIB.
Los hallazgos fueron indiscutibles y desmantelan punto por punto las promesas del gobierno de Abelardo De la Esperiella:
Cero impacto en el PIB: Los grandes recortes de impuestos a las altas rentas y patrimonios no generan ningún efecto estadísticamente significativo sobre el crecimiento del PIB real per cápita. Las estimaciones a 1, 3 y 5 años posteriores a las reformas muestran trayectorias del PIB indistinguibles entre los países que bajaron impuestos a los ricos y los que los mantuvieron o aumentaron.
Cero impacto en el desempleo: Las reformas de alivio tributario a las élites económicas no reducen la tasa de desempleo. La trayectoria del empleo sigue respondiendo a los ciclos macroeconómicos globales y a la demanda agregada, no a la laxitud fiscal superior.
Explosión de la desigualdad: El único efecto causal robusto, de gran magnitud y estadísticamente significativo es la concentración de la riqueza. En promedio, cada gran reforma de recorte de impuestos a los ricos provocó un incremento de 0.8 puntos porcentuales en la participación del 1% más acaudalado dentro del ingreso nacional total antes de impuestos en los 5 años siguientes a la medida.
El trabajo de Hope y Limberg ratifica que la eliminación de tributos a los más ricos opera únicamente como un mecanismo de transferencia de riqueza desde las arcas públicas hacia la cúspide de la distribución socioeconómica, sin retorno productivo para la sociedad en su conjunto.
Destrucción del recaudo y sustitución regresiva de la carga tributaria
El efecto inmediato, certero e ineludible de la propuesta del presidente Abelardo De la Esperiella será la erosión del recaudo tributario nacional. El impuesto al patrimonio cumple una función estratégica en los sistemas fiscales modernos: grava la riqueza acumulada que, mediante resquicios legales o planeación tributaria, suele eludir el impuesto sobre la renta corriente.
Al eliminar esta fuente de ingresos progresiva, el gobierno se enfrenta a una encrucijada fiscal crítica de dos vías, ambas nefastas para el desempeño económico nacional:
Transferir la carga tributaria a los sectores vulnerables y medios
Para cubrir la brecha fiscal dejada por la abolición del impuesto al patrimonio, los gobiernos suelen aumentar impuestos indirectos, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a productos de consumo masivo o gravámenes a la nómina salarial. Esto constituye un ajuste de carácter altamente regresivo.
Al encarecer los bienes de consumo básico, se contrae de forma directa el poder de compra de las familias trabajadoras, acelerando la desaceleración del mercado interno y deprimiendo aún más la actividad de las PyMEs.
Austeridad en inversión pública e incremento desmedido de la deuda
Si el gobierno decide no sustituir el recaudo mediante otros impuestos, la consecuencia inevitable es el incremento descontrolado del déficit fiscal. La cobertura de esta brecha exige recurrir al endeudamiento público interno y externo.
La mayor emisión de títulos de deuda soberana desplaza al crédito privado, encareciendo las tasas de interés para la compra de vivienda, vehículos y proyectos de inversión industrial, paralizando la dinámica de la economía real.
Un dogma costoso que la nación no debe pagar
El anuncio de eliminar el impuesto al patrimonio por parte del presidente Abelardo De la Esperiella representa una apuesta basada en dogmas superados y promesas falaces. Como han demostrado la teoría macroeconómica moderna y cinco décadas de evidencia rigurosa en los países más desarrollados del mundo, recortar impuestos a la riqueza no hace crecer el PIB, no genera empleos y no detiene la inflación.
Por el contrario, la medida destruye la capacidad recaudatoria del Estado, debilita la inversión pública indispensable para la competitividad del país y exacerba la brecha de desigualdad social.
Una política macroeconómica seria, orientada al crecimiento sostenible y a la estabilidad de precios, debe basarse en la solidez fiscal, el fortalecimiento de la demanda agregada y el incentivo a la innovación productiva, y no en privilegios fiscales que enriquecen a una minoría a expensas de la estabilidad y el bienestar de toda la nación.
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