
Cada hora de crisis y zozobra que transcurre en el Catatumbo representa para Norte de Santander pérdidas económicas por $203 millones. Durante 12 días de la ofensiva lanzada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) las pérdidas suman $58.465 millones. Se trata de casi la mitad de recursos que destinó en 2024 la Gobernación para financiar el programa de alimentación escolar (PAE) en el departamento.
Una cifra de ese calibre ejemplifica con creces la incertidumbre y angustia que permanece en la región; sin embargo, no deja de ser pálida y minúscula frente a las estadísticas humanitarias. En menos de 15 días ya se cuentan 49.021 desplazados, lo que implica que cada día más de 4.000 personas han tenido que abandonar sus hogares. Además, hay 28.549 personas confinadas, los muertos superan el medio centenar y 46.000 niños no tienen acceso a la educación.
Con base en esta cruda radiografía, ayer la plana mayor del Gobierno acudió al Congreso para justificar la necesidad de la declaratoria de conmoción interior. Sin embargo, los alcances del decreto siguen sin convencer a algunos en el Parlamento y persisten las críticas frente a las dimensiones que adquirió la crisis mientras el Gobierno de Gustavo Petro empeñaba su palabra al ELN.
“Este Gobierno llegó a la zona y sembró la esperanza de acabar con uno de los principales conflictos como es el cocalero (...) todo se quedó en anuncios e intenciones, y el Catatumbo nuevamente quedó en el olvidó a merced de delincuentes nacionales y extranjeros”, reclamó el senador de oposición Edgar Díaz (Cambio Radical), quien además fue gobernador.
En ello coincidió el senador cucuteño Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, quien dijo que, si bien la crisis de orden público en la región data de hace décadas, el reciente poderío que exhibió el ELN es consecuencia de concesiones que otorgó el Ejecutivo al amparo de la política de paz total.
“Se llegó a un cese al fuego y se entregaron concesiones a los cabecillas y, por supuesto, eso hace que ellos sigan fortaleciéndose”, explicó Chacón, el senador más votado de Norte de Santander, quien precisó que “con conmoción o sin conmoción, lo que necesita el Catatumbo es inversión”.
Los argumentos del Gobierno
Con una gran pancarta como telón de fondo en las barras del Senado que rezaba “SOS Catatumbo SOS”, los ministros Juan Fernando Cristo (Interior), Iván Velásquez (Defensa), Ángela María Buitrago (Justicia), Susana Muhamad (Ambiente) y Diego Guevara (Hacienda) desfilaron en el Congreso para dar las explicaciones frente a la crisis, como lo demanda la Constitución.
La batuta la tomó Cristo, quien previamente –en un informe que en primicia conoció este diario– explicó, entre otras, que era “imprevisible” la crisis humanitaria; que había 38 homicidios confirmados, pero no se descartaba la “existencia de un número mayor”, y que serían necesarios subsidios.
“Lo que ha hecho el ELN es imperdonable, son los responsables. No nos equivoquemos, y que la radicalización y polarización política no nos lleve a equivocar el mensaje a los violentos”, indicó Cristo ante la plenaria, señalando que los decretos que dan alcance a la declaratoria podrían quedar listos este miércoles y que abarcan el “fortalecimiento de las capacidades militares y asegurar la financiación y ejecución de las obras de infraestructura por $4,3 billones”.
Frente a los reparos, el ministro del Interior justificó que la dinámica de la guerra en Colombia “ha cambiado totalmente” y ya no se ve el desplazamiento de guerrilleros por montañas vistiendo camuflado, sino que “ahora van de civiles, se montan en buses y andan con armas cortas”.
Posteriormente, Cristo dejó entrever que el ELN también se aprovechó de la voluntad de paz del Gobierno. “Teníamos alertas de que podían presentarse enfrentamientos, pero no una acción de esa naturaleza y ahí seguramente falló la inteligencia”.
Por su parte, el ministro de Defensa sacó el espejo retrovisor y, aunque admitió que durante el actual Gobierno el ELN se fortaleció en hombres, en gobiernos anteriores acumuló su mayor poderío. “El ELN se incrementó en los últimos años: 27,98 %. Así lo encontramos. En este Gobierno aumentó 5,6 %”.
La última palabra la tiene el Congreso, que tendrá hasta el 11 de febrero para estudiar y analizar los decretos de conmoción interior. Las bancadas deberán pronunciarse sobre los alcances y, según el presidente del Senado, Efraín Cepeda, podrán modificar o derogar algunas de las medidas. El debate sigue. COLPRENSA
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