El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) hizo un llamado al Estado colombiano y a los grupos armados a no politizar el Derecho Internacional Humanitario, en medio de una grave crisis de orden público que golpea al país.
En su informe anual, presentado este miércoles, el organismo internacional estimó que “es importante que las partes consideren compromisos que conlleven a un mayor respeto del DIH, para reducir los efectos de los conflictos armados y determinar también eventuales obligaciones posconflicto. El DIH no debe ser interpretado políticamente o relacionado con decisiones políticas, a fin de que no se menoscabe su capacidad de proteger a las personas afectadas por conflictos armados”.
Según la entidad, 2022 fue un año crítico en materia humanitaria. Se registraron más de 58.000 desplazamientos masivos, 123.000 individuales, 39.000 confinamientos y 515 víctimas de artefactos explosivos.
Su reporte explica que estas cifras se registraron por las dinámicas cambiantes del contexto territorial, la reconfiguración de los actores armados no estatales, la continuidad del control social ilegal, el incremento de la disputa por el territorio y la débil presencia de las instituciones estatales que históricamente ha existido en las zonas más afectadas por los conflictos armados.
“Los indicadores de las múltiples consecuencias humanitarias muestran que la población civil sigue sufriendo los peores efectos de los conflictos armados y la violencia. El año pasado fuimos testigos de la dura realidad que tuvieron que vivir las comunidades de varias regiones del país, poblaciones enteras que no pudieron cazar, pescar o sembrar sus cultivos por el aumento de la confrontación armada y la presencia de artefactos explosivos en sus territorios”, señaló Lorenzo Caraff, jefe de la Delegación del CICR en Colombia, durante la presentación del informe en Bogotá.
Zonas más afectadas
El informe titulado “Retos Humanitarios 2023 Colombia”, revela que durante el año pasado se documentaron 400 presuntas violaciones del DIH y otras normas humanitarias, de las cuales más de la mitad corresponden a homicidios, amenazas, violencia sexual, empleo de artefactos explosivos con efectos indiscriminados, reclutamiento, uso y participación de niños en las hostilidades, privaciones arbitrarias de libertad, tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otras conductas.
Esto quiere decir que durante este periodo de tiempo se registraron 515 víctimas de artefactos explosivos, de los cuales el 54% fueron civiles y 43 corresponden a menores de edad. La cifra más alta en seis años.
Además, se presentaron 209 casos de desaparición relacionados con el conflicto, siendo Arauca, Chocó, Cauca, Nariño y Norte de Santander las zonas más afectadas, pues allí se concentró el 79% de los casos.
Por otro lado, en 2022 el desplazamiento individual afectó al menos a 123.000 personas, siendo Arauca, Valle del Cauca, Nariño y Antioquia los más afectados; y el desplazamiento masivo a otras 58.000, principalmente en los departamentos de Nariño, Chocó, Valle del Cauca y Córdoba.
Así mismo, 39.000 personas estuvieron confinadas por el recrudecimiento de las acciones armadas y la presencia de artefactos explosivos en sus territorios. El 64 % de ellos se identificaron como indígenas y el 27 %, como afrodescendientes.
A este panorama se sumaron los ataques contra la asistencia de salud. La Mesa Nacional de Misión Médica reportó 426 agresiones contra el personal de salud, instalaciones y vehículos sanitarios.
Los siete conflictos armados
De acuerdo con este informe, actualmente en Colombia existen siete conflictos armados de carácter no internacional. Tres de ellos son entre el Estado y los siguientes grupos armados: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, y las Antiguas FARC-EP actualmente no acogidas al Acuerdo de Paz (disidencias).
Los otros cuatro conflictos son entre grupos armados. Uno es entre el ELN y las AGC, y los tres restantes entre las Antiguas FARC actualmente no acogidas al Acuerdo de Paz y la Segunda Marquetalia, los Comandos de la Frontera, y el ELN, respectivamente. COLPRENSA
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