La diligencia, que no duró un poco más de dos horas, contó con la presencia física del senador y la jurista que lo escuchó en versión libre sobre la investigación preliminar que abrió en su contra, porque habría aumentado su patrimonio de forma inexplicable en al menos $3.000 millones entre 2002 y 2018.
Si bien, esa fecha data de los periodos que lleva en el legislativo, para el alto tribunal el incremento en su patrimonio no obedece a los dineros percibidos de su labor en el Congreso, de ahí el llamado ante los estrados judiciales.
Lo que expone el auto emitido en marzo pasado es que, durante 2008 le habrían entrado alrededor de $611.000 millones más de lo que reportó en sus ingresos como congresista, para 2009 la cifra ascendió a $169 millones, mientras que para 2014, 2015 y 2016, no tendría como justificar más de $800 millones.
De ahí que el alto tribunal haya requerido información al Senado de la República y la Cámara de Representantes sobre el dinero que le ingresó por cuenta de su labor en el legislativo desde 2002, con el fin de revisar la caja y su declaración de renta durante los años en los que, a juicio de la Sala, registraron irregularidades.
En el marco del proceso, la magistrada Cristina Lombana, quien conoce el caso, solicitó informes de la DIAN en los que da cuenta de sus finanzas, además de revisar un proceso judicial que se surte en contra de Ruby Corredor, una exfuncionaria del Ministerio de Justicia, que fue capturada en octubre de 2019 por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
La magistrada requirió información sobre este caso debido a que Corredor está inmersa en la adquisición de un apartamento de $1.600 millones que adquirió a través de una subasta a la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes, sin embargo, meses después el inmueble quedó en manos del senador.
Lo que llama la atención de Lombana sobre este, es que Corredor fungió como miembro de la UTL del senador, y ella le habría cedido el inmueble por un valor similar al que lo adquirió, por lo que dijo la Fiscalía, la mujer habría tenido pérdidas en la compra y venta del inmueble, sin contar que no tenía los recursos suficientes para obtener un predio de ese costo.
Otra prueba que reposa en el despacho de Lombana son unos cuantiosos giros que ha hecho Elsy Pinzón, a la esposa del senador en el exterior, en su defensa el congresista ha mencionado que el dinero girado es para la manutención de su hijo.
Y si bien dicha situación no se convierte en un ilícito, lo que llama la atención del alto tribunal es que los ingresos de Benedetti no concuerdan con sus entradas financieras por su labor en el legislativo.
La respuesta de Benedetti
Aunque el fallo que reposa en el despacho de la magistrada parece tener el sustento necesario para llamar al senador ante los estrados judiciales, para él, la sustentación de Lombana está “plagado de errores e inconsistencias”.
“Cristina Lombana, tratando de hacer una jugadita, incurrió en errores de mala fe al acusarme sin soporte alguno, en un hecho que obedece más a una emboscada de alguien que ideológicamente es contraria a mí, algo que quedó demostrado cuando votó negativamente y sin razón alguna en una reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de archivar una investigación preliminar en mi contra”, dijo en medio de una rueda de prensa que brindó en el legislativo.
Para Benedetti, la diligencia de este lunes fue sin las “mínimas garantías procesales” que debería tener cualquier procesado. A su juicio, hasta el momento desconoce la totalidad de los soportes del informe y la información que contiene el expediente que reposa en su contra, pese a que en más de una ocasión la ha solicitado a través de su abogado, Miguel Ángel del Río.
El senador expuso que el informe de policía judicial en el cual Lombana basó su investigación no tiene en cuenta otros ingresos que no son por concepto de su salario como congresista y que reposan en sus cuentas desde 2004. Como lo son cesantías: $374.000.000, Reposición de votos: $706.766.224, otros préstamos: $725.000.000, préstamos bancarios: $1.683.279.277, arrendamientos: $160.000.000, FEASSEC: $40.000.000, para una total de $3.689.045.501.
Para el Senador, la magistrada no tuvo en cuenta el concepto que emitió el magistrado Fernando Castro Caballero, en el que concluyó al hacer un análisis patrimonial y económico que, no había ningún tipo de enriquecimiento y que sus ingresos eran razonables con sus movimientos bancarios.
Entre otras inconsistencias que tiene la magistrada, según Benedetti es el cambio de código que reposa en la DIAN, que es 8411 que corresponde a actividades legislativas ante la administración pública, por el 0010 que es de un asalariado. “Esto lo hizo para limitar mis ingresos”.
Aseguró además que se omitieron ingresos por préstamos, reposición de votos y retiro de cesantías por errores, a su juicio, infantiles en las sumas de unas cifras, y en el que se concluye que debe justificar dineros. Además de eso, el senador reprochó que en 2009, sin ningún soporte, le pusieron un ingreso más alto para presentar que no lo declaró. “En la declaración de renta para este año fueron realmente $285.106.000. Ese mismo error lo replicó en los demás años de 2003 a 2014”.
Adicionalmente, el senador aseguró que se omiten operaciones que permitirían concluir que no existe ningún incremento patrimonial injustificado, tal como que en 2017 retiró alrededor de más de $300 millones por concepto de cesantías, razón por la cual al año siguiente pagó un impuesto de renta por más de $100.000.000.
Por otro lado, respecto de los giros que hizo el senador al exterior explicó que estos fueron utilizados para la manutención de uno de sus hijos que está radicado fuera del país desde el 2010. “Esos recursos fueron de mi salario y están debidamente registrados en mi declaración de renta”.
Frente al apartamento que también reposa en la investigación, el senador aclaró que Ruby Corredor, a quien le compró el inmueble y terminó de pagar en diciembre de 2009 “yo realizo el primer pago del apartamento en octubre de 2010. Por lo tanto, mi dinero no fue utilizado para sanear la deuda. Según la presunta hipótesis de un posible testaferrato, ¿pagué doble un apartamento? ¿Por qué pasó el apartamento a mi nombre si supuestamente quería mantener el bien en secreto? Los pagos de dicho apartamento están certificados y reportados en mi declaración de renta. Y aunque parezca mentira, Cristina Lombana y su informe judicial desconocen hasta la valorización del predio”.
Para el senador todas las muestras que tiene en su poder son prueba de que, a su juicio, ha sido perseguido por Lombana, “una magistrada que enloda con su presencia la dignidad de la honorable Corte Suprema de Justicia, una institución que respeto y en la que confío”. COLPRENSA